La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y el decano del Colegio de Abogados de las Palmas, Rafael Massieu, han presentado este jueves, en el Colegio de las Palmas, la Guía Práctica para la asistencia jurídica en llegadas marítimas.
Los economistas consideran que la reforma concursal supone, en líneas generales, un avance, pero critican que no se aborde con seriedad la implantación del mecanismo de alertas tempranas, que no se garantice la gestión profesionalizada en los nuevos procedimientos para microempresas y que no se haya avanzado en la exención del crédito público.
La Agencia envía un requerimiento de información a Canarias y Galicia con el fin de comprobar la licitud del tratamiento de datos personales.
Una reciente sentencia del juzgado nº 16 de Murcia declara la nulidad del aval de una póliza de financiamiento de una promotora inmobiliaria de 24 de diciembre de 2008. Los avalistas eran socios de la promotora, pero no formaban parte de la gestión. El administrador único decidió prorrogar la póliza de financiación y asumió tácitamente la prórroga del aval.
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha justificado en un informe por qué el nuevo artículo 49 de la Constitución -relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España- debe mencionar expresamente a las mujeres y niñas con discapacidad.
El Colegio de Abogados de Pamplona ha abierto la convocatoria de Proyectos Solidarios para este 2021.
Se trata de cláusula que facilita una inmunidad de siete años para los miembros de aquellos Estados que se adhieren a este órgano en relación con determinadas conductas calificadas como crímenes de guerra.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la suspensión del cierre interior de los establecimientos hosteleros en municipios de la región que estén en nivel 3 de riesgo (alto) por coronavirus.
CCOO ha alertado de que entre 2012 y 2020 el 91 de los contratos que se firmaron fueron de carácter temporal y ha instado a modificar la reforma laboral para acabar con el «abuso» de esta modalidad de contratos.
El Gobierno ha autorizado un contrato por 26,5 millones de euros para desarrollar servicios de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones informáticas, con el objetivo de impulsar la transformación digital y la colaboración entre el Departamento de Informática de la Agencia Tributaria y los tribunales económicos-administrativos.
