El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha publicado este miércoles una guía de cara a la reincorporación de los funcionarios tras la crisis del coronavirus, en la que establece que la vuelta del personal a sus centros de trabajo deberá producirse de manera «gradual y progresiva» y en distintas fases.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mantenido una videoconferencia con el abogado Antonio Garrigues, a quien ha encargado la coordinación de los trabajos para la elaboración del anteproyecto de ley del derecho de defensa, uno de los compromisos adquiridos por Campo al comienzo de la legislatura.
Aunque la jurisprudencia permite la práctica de concentrar la jornada de todo el periodo de duración de la jubilación parcial en el primer año, si hay acuerdo entre las partes, y también entiende que no es incompatible con la prestación por desempleo, sí que considera que no procede la inclusión en un ERTE a un trabajador que ya no tiene actividad laboral por haberla hecho previamente de forma acumulada.
Este cambio ha sido anunciado en el último Consejo de Ministros y aprobado por el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que recoge el BOE de hoy, día 22 de abril del 2020, número 112, en sus páginas 29473 a 29531.
El Consejo General de la Abogacía Española apuesta por hacer un uso más intensivo de todos los medios tecnológicos posibles para facilitar las relaciones entre la Justicia y las Administraciones Públicas, y de estos con abogados y procuradores, para evitar el colapso de los juzgados y tribunales cuando finalice el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cáceres ha adoptado una orden de protección para una víctima de violencia de género cuyos hechos fueron conocidos gracias a la llamada de un vecino a la Policía Local.
El coste neto se ha reducido un 32 desde el año 2012
El Consejo de Ministros ha aprobado medidas extraordinarias para el pago de alquileres de locales de negocios de autónomos, profesionales y pymes cuya actividad económica se ha suspendido o se ha reducido drásticamente. Con estas medidas se viene a responder a las necesidades de autónomos y pymes que no tienen capacidad financiera para hacer frente sus obligaciones de pago del alquiler de sus locales.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes Complementarias para Apoyar a la Economía y al Empleo que refuerzan la protección de los trabajadores y extiende a más colectivos la prestación por desempleo.
El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley con 30 nuevas medidas económicas para paliar los efectos del Covid-19, entre las que incluye un paquete de medidas fiscales para liberar más de 1.100 millones de euros en liquidez a las empresas, especialmente a pymes y autónomos.
