La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia acordó en su reunión del pasado viernes avanzar a la fase 2 de la desescalada en la Administración de Justicia, lo que implica que a partir del próximo martes y durante quince días acudirá a sus centros de trabajo, con carácter general, el 60-70 del personal. Se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad.

En dos recientes sentencias de 18 de mayo de 2020 y 19 de mayo de 2020, ambas idénticas en su redacción, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha analizado la normativa europea y española, así como la jurisprudencia emanada del tribunal de Luxemburgo en relación con el concepto de “actividad principal” y “actividad accesoria” a efectos del cálculo del porcentaje de la prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido y para garantizar la neutralidad de dicho tributo.

Las cantidades satisfechas en concepto de gastos de urbanización posteriores a la adquisición de la vivienda tienen la consideración de mejora y no se integran en la base de la deducción por inversión en vivienda habitual.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera prueba ilícita, sin valor jurídico alguno, el informe de una detective privada contratada por una empresa que forzó una entrevista profesional simulada con un trabajador para demostrar que durante su jornada laboral trabajaba por cuenta propia como abogado.

El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara, ha señalado este jueves que en la reunión mantenida con Justicia han exigido que se realice una auditoría sobre las aplicaciones comerciales que se pretenden usar para la celebración de juicios telemáticos porque pueden no ser seguras. Y ha lamentado que por parte del Ministerio sólo les han anunciado que elaborarán un protocolo.