El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado investigar la denuncia del Ayuntamiento de Móstoles contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por los supuestos criterios de exclusión hospitalaria aplicados en los centros de mayores durante la primera fase de la pandemia al no poder establecerse «un nexo causal» entre la conducta imputada y el resultado ilícito al no haber una identificación de las víctimas.

Dos juzgados de Pontevedra, siguiendo el criterio del resto de sentencias dictadas en Galicia sobre las multas que las subdelegaciones del Gobierno impusieron por infringir el confinamiento derivado del primer estado de alarma, han anulado seis sanciones de 601 euros cada una. Ambos coinciden con los criterios ya esgrimidos por otros juzgados de la comunidad y explican que la anulación de las multas se produce porque las subdelegaciones del Gobierno aplicaron un tipo infractor, el de «desobediencia a la autoridad», que consideran incorrecto.

Los nombramientos se corresponden con los puestos de responsabilidad siguientes a desempeñar o relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración.

Los gestores administrativos han alertado que la situación de ERTE afecta a la deducción por maternidad de la que se benefician las madres trabajadoras, por cuenta ajena o por cuenta propia, dadas de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social o Mutualidad, con hijos menores de tres años.

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados o comunicados a la Dirección General de Trabajo se multiplicó por casi 18 entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 974.489 afectados, de los que 6.037 corresponden sólo al mes de septiembre, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).