La CNMC ha publicado un informe sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD) de envases y residuos de envases. Este proyecto transpone la normativa de la UE y revisa además la regulación de envases y residuos de envases.
Esta norma, con vigencia desde el 23 de diciembre, adopta medidas tendentes a eliminar las barreras normativas que dificultan un despliegue acelerado de la movilidad eléctrica, el autoconsumo o las energías renovables innovadoras, lo que permitirá la ejecución eficaz y diligente de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la consecución de los objetivos fijados en el marco estratégico de energía y clima.
Este proyecto normativo tiene como objetivo la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables, en definitiva, que refuercen el tejido productivo.
Esta iniciativa legislativa propone mejorar la respuesta penal frente a los siniestros viales y proteger a las víctimas, mediante una reforma del Código Penal.
El cambio legal permite regular la accesibilidad cognitiva que hasta ahora carecía de reconocimiento normativo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que su departamento está «inmerso» en la implantación del nuevo registro civil electrónico con el que, según ha dicho, se producirá «un cambio de paradigma» al pasar del «modelo basado en papel» a una base de datos única con certificaciones electrónicas.
La Comisión de Hacienda y Función Pública ha aprobado con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias, que será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.
El 66,1 de los autónomos sigue sin recuperarse del efecto de la pandemia en sus negocios y no ha conseguido todavía remontar su actividad ni el nivel de facturación previos a marzo de 2020, según los datos del XIII Barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), presentado este martes.
Solo el 10 de los países han establecido algún tipo de criterio fiscal específico en relación con compensaciones adicionales o la cobertura de costes vinculadas al teletrabajo que las empresas pueden abonar a sus empleados por el hecho de teletrabajar total o parcialmente, a pesar de que muchos estudios estiman que el teletrabajo supone ya el 35 de la fuerza laboral, según un análisis de KPMG.
Esta Ley, que tiene su origen en la tramitación como proyecto legislativo tal del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, y con vigencia desde 1 de enero de 2022, incluye las distintas modificaciones incluidas en la prestación desde su entrada en vigor, así como el complemento de la ayuda a la infancia para beneficiarios de la prestación con menores a cargo.
