Esta norma, con vigencia desde 30 de diciembre de 2020, aprueba una serie de medidas dada la situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia, que sigue exigiendo la adopción de medidas sociales y económicas de apoyo que se suman a las situaciones de urgencia que surgen derivadas de circunstancias jurídicas imprevistas como el adecuado cumplimiento de sentencias judiciales que puedan tener repercusiones económicas que den lugar a cambios legislativos urgentes.

Esta norma, con vigencia desde 1 de enero de 2021, intenta tutelar los intereses de ciudadanos y operadores económicos que pueden verse afectados por el fin del periodo transitorio al pasar el Reino Unido a ser un Estado tercero a todos los efectos.

Gobierno, sindicatos y empresarios se preparan para arrancar, el próximo 8 de enero, una nueva negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que están acogidos, con datos a cierre de noviembre de 2020, casi 750.000 personas, lejos de los 3,4 millones de trabajadores que llegaron a estar en un ERTE en el mes de abril.