La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha presidido la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en la que ha obtenido un gran acuerdo con las comunidades autónomas.
El 30 de abril entra en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que implica la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente, por lo que dicho cambio de modelo registral, procedimental y tecnológico exige un ajuste de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Asimismo se modifica el Código Penal para completar la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del contenido de la Directiva sobre blanqueo de capitales. Ambas reformas también entran en vigor el 30 de abril de 2021.
Montero Aramburu y GVA Gómez-Villares Atencia, dos de los principales despachos de abogados españoles de origen andaluz, han iniciado un proceso de alianza de colaboración a través de un acuerdo ‘best friend’ con el objetivo de reforzar y ampliar su capacidad en toda Andalucía, gracias a su posición como bufetes de referencia en las zonas occidental y oriental, respectivamente, de esta comunidad autónoma y para emprender conjuntamente nuevos proyectos.
El Parlamento Europeo ha defendido este jueves la necesidad de un impuesto mínimo a las empresas y que la UE apruebe por su lado esta medida si las negociaciones que se desarrollan a nivel internacional no llegan a buen puerto.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha firmado, junto al presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, un convenio para establecer un marco general de colaboración entre ambas instituciones. El objetivo del acuerdo es impulsar el acceso a la Justicia en las zonas en riesgo de despoblación y paliar la brecha digital que existe en estos territorios, atendiendo especialmente al colectivo de las personas mayores.
Ceca Magán anuncia su segundo gran fichaje del 2021 e incorpora a Juan Ignacio Alonso Dregi como nuevo socio del área de Derecho mercantil y societario en su oficina de Barcelona. Refuerza así el departamento coordinado por Jose Luis Martinez Andreo, conformado con las últimas incorporaciones por 19 letrados experimentados.
La Sala Segunda del Tribunal supremo ha rechazado los recursos de casación que presentaron dos personas que fueron condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 8 años de prisión por un delito contra la Salud pública y ha fijado en una sentencia el contenido y los límites del derecho de defensa estableciendo que no existe un derecho a conocer la investigación policial desarrollada con anterioridad al inicio del procedimiento judicial. El tribunal considera que solo son susceptibles de reclamarse estas investigaciones de la policía cuando la defensa presente indicios de que concurren circunstancias que pueden afectar a la validez de la prueba obrante en el procedimiento, o que pueden influir en su calidad, en su credibilidad o en su fuerza incriminatoria.
Existe una acumulación de retrasos en la transposición de algunas directivas que requieren una norma con rango de ley para su incorporación, siendo necesaria su incorporación inmediata al existir un riesgo de multa, por haberse recibido las correspondientes cartas de emplazamiento y existir un procedimiento de infracción abierto por la Comisión en la mayoría de Directivas que se incorporan en esta norma.
La nueva norma tiene por objeto adaptar el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
El Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 9 de la capital que, en marzo de 2019, concedió a los licenciados sanitarios con nombramiento eventual el mismo reconocimiento que a sus compañeros fijos de plantilla a la hora de ser incluidos en el proceso de evaluación de reconocimiento de la carrera profesional, lo que supone igualdad de condiciones para progresar de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puestos de trabajo.
