El conjunto de las 122 multinacionales con facturación anual superior a 750 millones y matriz española declaran un tipo efectivo global del 18,3 y del 16,9 para España, cuatro puntos por debajo del que aplican en jurisdicciones de fuera de la UE.
Una sentencia de un juzgado de Oviedo ha anulado la multa que le impuso la Delegación del Gobierno en Asturias a una mujer que que salió de casa en el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de España con motivo de la pandemia de COVID-19.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de València ha reconocido el derecho de un padre –un docente interino– a reducirse un 99 la jornada laboral para poder cuidar a su hijo, enfermo grave.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado reanudar este mes las visitas guiadas a su sede bajo medidas de seguridad sanitaria para prevenir la propagación del coronavirus.
El pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado sentencia por la que confirma la decisión de la Audiencia Nacional que declaró la nulidad del segundo ERTE de Ryanair.
El informe proporciona una visión general sobre el sentido y carácter de la legislación y de la planificación existentes sobre las TIC en Europa y en España.
Los aspirantes a la profesión de procurador de los tribunales han realizado este viernes la prueba de evaluación de su aptitud profesional, correspondiente al año 2021.
Los magistrados consideran que la medida está justificada porque se aplicará en lugares en los que aumenta el riesgo de transmisión del virus y está limitada en el tiempo.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona ha condenado al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) a indemnizar con un total de 320.000 euros a una familia por un intercambio de bebés producido por error en 1993 en el Hospital Virgen del Camino de la capital navarra.
La prórroga hasta el 28 de febrero de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de las prestaciones a los trabajadores amparados por este instrumento, así como de las prestaciones para autónomos, trabajadores fijos-discontinuos y otros colectivos tendrán un coste aproximado de hasta 3.163,7 millones de euros.
