CCOO ha pedido a los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, a la Inspección de Trabajo y a los tribunales que garanticen el cumplimiento de la llamada ‘ley de riders’, en vigor a partir de este jueves.
La sentencia recurrida condenó como autor de un delito de fraude de subvenciones, en concurso medial con un delito de falsedad documental a la pena de tres años y seis de prisión, así como inhabilitación para el desempeño del cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles por el mismo periodo.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que el Buzón de la Inspección de Trabajo está atendiendo estos días de manera prioritaria todas aquellas denuncias anónimas de los ciudadanos relacionadas con las exposición a temperaturas extremas en el puesto de trabajo, en plena ola de calor en la mitad de España.
Google ha anunciado cambios en sus políticas que permitirán a los menores de 18 años solicitar la retirada de sus imágenes de los resultados de búsqueda, y retirarán de YouTube la reproducción automática para este conjunto de usuarios.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han bajado de la cifra de 300.000 tras volver a la actividad 32.000 trabajadores durante la primera semana de agosto, la mitad de ellos en los servicios de alojamiento y en la hostelería.
Las plataformas digitales de reparto tienen de plazo hasta el próximo jueves, 12 de agosto, para contratar a sus trabajadores como asalariados debido a la entrada en vigor de la llamada ‘Ley de Riders’.
El TS señala que, dado que la empresa ha reconocido la improcedencia surgido a raíz de la no readmisión de la trabajadora excedente, ello constituye situación legal de desempleo por lo que hay que entender que en tal fecha la empresa tenía obligación de haber dado de alta en Seguridad Social a la trabajadora, que no puede verse perjudicada por falta de cumplimiento de dicha obligación por parte del empresario, por lo que hay que entender cumplido el requisito exigido por la norma.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dictado una resolución por la que autoriza a la Intervención General de la Seguridad Social a contratar empresas privadas de auditoría para la realización en 2022 de las auditorías de cuentas anuales de las mutuas.
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha pedido este lunes mayor protección para este colectivo ante el incremento del 22,6 de los accidentes laborales durante el primer semestre de 2021, debido a la reactivación económica.
CC.OO. de Cataluña ha presentado dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Glovo por presuntamente incumplir los derechos laborales de sus trabajadores y «desafiar la Ley Rider abiertamente sin hacer el intento de adaptarse a la normativa».
