La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en las que declara que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) no es contrario a la Constitución ni al derecho de la Unión Europea.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado una inversión de 1,3 millones de euros para la modernización y digitalización de los sistemas extrajudiciales para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas.
La Sala III del Tribunal Supremo ha anulado el Protocolo de conducción de detenidos al Juzgado de Guardia de Córdoba, aprobado y suscrito el 27 de junio de 2019 por representantes de la judicatura, la fiscalía y los cuerpos y fuerzas de seguridad, al estimar un recurso de Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba que consideraba que, al establecer dos turnos diarios preestablecidos para dichos traslados, se producía una dilación indebida en la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad judicial que era contraria al artículo 17 de la Constitución. También se anula el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 21 de noviembre de 2019, que desestimó el recurso de alzada contra dicho Protocolo.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado la solicitud del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) para que la Justicia suspendiera cautelarmente “todos los procesos selectivos convocados para el ingreso en los cuerpos docentes” de la Consejería de Educación de Canarias, al no apreciar ninguna ilegalidad manifiesta que aconseje una decisión de ese calado.
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha establecido en una sentencia que, en el caso de prórrogas de concesiones de ocupaciones del dominio público debe justificarse que esas instalaciones no pueden ubicarse en otro lugar.
Andersen ha alcanzado un acuerdo con DA Lawyers por el cual este Despacho se integra en el proyecto de la firma internacional, que da un paso más en su estrategia de expansión en España, dando un importante impulso en la ampliación de capacidades y equipos en la oficina de Madrid.
Este incremento es consecuencia de las medidas de restricción de la movilidad debidas al agravamiento de la pandemia. Así, existen grandes diferencias en la adopción del teletrabajo entre grupos sociales, sectores productivos y zonas geográficas.
Fernández ha subrayado que se trata de un modelo «solidario, transparente, equitativo y que garantiza los valores democráticos de libertad de creación, libertad de edición y libertad de acceso a la cultura y a la información».
Según datos de AEGEX, el coste anual de los conflictos por delimitación de fincas y parcelas asciende a los 200 millones de euros.
Desde la entrada en vigor de la Ley en jun-19 y hasta abril de 2021 los notarios han autorizado 677.596 actas de transparencia, frente a los 606.498 préstamos hipotecarios, incluidas novaciones, subrogaciones y ampliaciones de hipotecas.
