La combinación del primer marco jurídico sobre la IA de la historia y de un nuevo plan coordinado con los Estados miembros garantizará la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y las empresas, al tiempo que reforzará la adopción, la inversión y la innovación en materia de IA en toda la UE. Complementarán este enfoque las nuevas normas sobre maquinaria, que adaptarán las normas de seguridad para dar mayor confianza a los usuarios en la nueva y versátil generación de productos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado este jueves que su departamento está estudiando la situación de diversos hogares que serían beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que no lo han solicitado.

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha denunciado que la interpretación de ciertos conceptos jurídicos en los procesos penales impacta “negativamente” en los derechos de las mujeres con discapacidad y ha exigido que se tengan en cuenta sus necesidades ya que, en muchas ocasiones, no solo no les protegen, sino que aumentan su vulnerabilidad.

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a la abogada T.V.O. a 1 año y 8 meses de prisión y multa de 56.000 euros. El tribunal desestima el recurso de la acusada y confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia de Pontevedra, de 11 de abril de 2019, que aplicó al caso la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y acordó además el comiso del dinero utilizado para la comisión del delito y su adjudicación al Estado a través del Fondo del Plan Nacional contra la droga.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo ha declarado incompetentes a los ayuntamientos hasta después de la reciente reforma de la Ley de Salud de Galicia, el pasado 25 de febrero, para multar por no llevar mascarilla en la vía pública. El magistrado destaca en una sentencia, en la que anula una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Sanxenxo por este motivo, que la Administración local, hasta la modificación de la ley autonómica, solo tenía “responsabilidades mínimas en relación al obligado cumplimiento de las normas sanitarias y al control sanitario en determinados espacios o ámbitos”, entre los que no se incluía la vía pública.