Un total de 193.000 autónomos, el 41 del total que se encuentra percibiendo la prestación por cese de actividad en estos momentos, se dará de baja del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cuando se ponga fin a esta prestación, según se desprende del barómetro situación autónomos abril 2021 realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
El número de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados especializados en cláusulas abusivas mantuvo en 2020 la tendencia a la baja de los dos ejercicios anteriores pese a los efectos negativos de la crisis sanitaria, especialmente durante el segundo y el tercer trimestre del año. Al concluir el ejercicio, los asuntos pendientes de resolución sumaban un total de 239.445, lo que equivale a un 1,88 menos que en 2019, cuando a 31 de diciembre de ese año fueron 244.036. A final de año, la actividad de estos órganos judiciales recuperó los niveles del año anterior prácticamente en todo el territorio nacional, con la excepción de la Comunidad de Madrid donde los niveles de resolución fueron muy inferiores a los del resto de Comunidades Autónomas y los de pendencia triplicaron la media nacional.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha recalcado, en relación a la posibilidad de que el 9 de mayo finalice el estado de alarma, que con la legislación sanitaria de Salud Pública las comunidades autónomas «no tienen capacidad para una afectación intensa y a gran escala de derechos fundamentales» como el de reunión, libertad de desplazamientos o circulación, de modo que en este escenario «tendrían un problema enorme» para adoptar restricciones en este sentido.
Los salarios pactados en convenio subieron de media en marzo un 1,58 , por encima de lo registrado a principios de año (+1,44 ), frente a un IPC del 1,3 , según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa y a seis meses de cárcel por un delito de hurto a un mayorista del sector de la fruta que engañó a diez agricultores en operaciones de compraventa de cosechas y se quedó con 220 cajones de plástico de uno de los perjudicados.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha denunciado este lunes el «colapso» de los Tribunales Económico Administrativos (TEAs) desde hace casi una década, lo que produce «graves distorsiones» en el funcionamiento de estos órganos y supone el peligro de prescripción de varios miles de expedientes.
La cuestión litigiosa consiste en determinar las cuantías adicionales concedidas para financiar la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social por la pérdida de nivel de cotización sufrida por los trabajadores como consecuencia de ERE, consideradas a efectos fiscales como rendimientos de trabajo, podían ser exigidas por la parte recurrente no en 2014, cuando efectivamente se concedieron, sino en los tres años anteriores, en cuyo caso deberán imputarse a efectos del IRPF a estos períodos (practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria).
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que «muy pronto» el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados la modificación de la Ley General de la Seguridad Social.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido hoy informe favorable a la implantación del sistema de prestación del servicio de guardias de 24 horas en los partidos judiciales de A Coruña y Vigo, si bien advierte de que el cambio está condicionado a que la Xunta y el Ministerio de Justicia asuman su coste económico.
