Medidas para hacer frente al coronavirus

Esta Ley, con vigencia general a partir de 31 de marzo de 2021, responde a la necesidad de establecer, una vez superado el estado de alarma, una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y una vez expirada la vigencia del estado de alarma y de las medidas extraordinarias de contención, incluidas las limitativas de la libertad de circulación, establecidas al amparo de aquel.

Establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones

Esta Ley Orgánica, con vigencia desde 31 de marzo de 2021, tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable al CGPJ cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación.

José Vicente Morote, elegido miembro del Comité de Dirección Mundial de Andersen

El socio director de Andersen en España José Vicente Morote ha sido nombrado nuevo miembro del Global Board de Andersen, tras ser elegido por unanimidad por el European Regional Board como representante de la firma en Europa.

El Gobierno propone modificar la ley de animales potencialmente peligrosos

La Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 propone la modificación de la Ley de Animales Potencialmente Peligrosos de modo que «establezca mecanismos de validación de comportamiento de manera individual y no por razas».

El TSJ de Navarra confirma la absolución de una auxiliar que entró en las historias clínicas de cuatro familiares

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Navarra que absolvió a una auxiliar administrativa de un centro de salud de la comarca de la Sakana que en 2018 entró en las historias clínicas de cuatro familiares (hermano, cuñada y dos sobrinas). La Sala de lo Civil y Penal del TSJN considera que esa conducta fue ilícita desde el punto de vista administrativo, pero no penal, al no haberse demostrado a qué datos médicos tuvo acceso y, además, destaca que no hizo uso alguno de la información.

Posponen la entrada en funcionamiento del primer Juzgado de Violencia contra la Infancia de España

La entrada en funcionamiento del primer Juzgado de Violencia contra la Infancia de España, que estaba prevista para este 1 de abril como prueba piloto en el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido pospuesta.

Indemnización de casi 35.000 euros a una clínica veterinaria por “orquestar una campaña de descrédito” en internet

El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha estimado la demanda presentada por tres veterinarios contra un cliente que, tras anunciarles que les “machacaría” en redes sociales, “cumplió su amenaza y orquestó de forma intencionada una campaña de descrédito de la clínica veterinaria”.

Gastos de suministros por el desarrollo ocasional de la actividad económica en la vivienda habitual

Los gastos de suministros por el trabajo ocasional en la vivienda debido a la crisis sanitaria del Covid-19 no son deducibles de la actividad económica.

El Ministerio de Justicia y los sindicatos del sector STAJ y CCOO firman un acuerdo para la regulación del teletrabajo

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y los secretarios generales de los sindicatos del sector Justicia STAJ y CCOO, Vicente Navarro y Luis Calero, respectivamente, han firmado un acuerdo para la regulación de la prestación de servicios en modalidad de teletrabajo en la Administración de Justicia.

El TS señala que el impago de pensiones alimenticias es una forma de “violencia económica”

El Tribunal Supremo ha condenado a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos a su familia por el delito del artículo 227 del Código Penal a la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, mantiene la condena por el delito de alzamiento de bienes por haberse despatrimonializado dolosamente, fijando la pena de un año y seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 14 meses con cuota diaria de 10 euros por día de sanción, con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago.