El Gobierno y los agentes sociales siguen manteniendo contactos técnicos para intentar cerrar el texto definitivo de la normativa que regulará la situación de los repartidores de las plataformas digitales, conocida como Ley de ‘riders’ y que podría dar tres meses a las empresas para dar de alta a sus trabajadores en el Régimen General, según han señalado a Europa Press fuentes del diálogo social.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ultima ayudas directas y medidas para la solvencia de las empresas viables afectadas por la crisis, para lo que trabaja con el Banco de España y el sector financiero en cambios relativos a los avales del ICO, cuyo coste tendrán que asumir en parte las entidades financieras.

El Gobierno solicita al Consejo de Estado que se pronuncie antes del próximo jueves en relación con la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para establecer que los abogados de oficio puedan cobrar mensualmente en lugar de trimestralmente.

Banco de España estima que la cifra de empresas insolventes en España podría aumentar entre un 4 y un 8 en función de si no registran efectos permanentes sobre sus resultados o sí, y que los problemas de rentabilidad, endeudamiento e insolvencia serán mayores en el caso de las pymes, al augurar hasta un 18 de las mismas insolventes, y entre un 6 y un 10 de ellas, inviables.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado suspender de forma cautelarísima, tal y como solicitaba la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, la orden de cierre de los bares, cafeterías y restaurantes decretada por la Consellería de Sanidade el pasado 26 de enero. El TSXG no aprecia la concurrencia “de ninguna de las circunstancias de especial urgencia”, entre ellas “el estado extremo de debilidad económica que padece el sector”, alegadas por la asociación y necesarias para dar el visto bueno a la medida cautelarísima solicitada.