La naturaleza de los hechos delictivos de los que conoce la Audiencia Nacional provoca que aquellas personas que deben participar en el procedimiento, tales como testigos y peritos, estén expuestas a represalias por los imputados o su entorno, según advierte la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la última Memoria del Ministerio Público, conocida este lunes. Por ello, los fiscales de este órgano reclaman una reforma urgente de la Ley Orgánicade Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales, que data de 1994.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, han anunciado esta mañana que el Ministerio de Trabajo impulsará, por primera vez de forma coordinada y conjunta, las Estrategias de la Economía Social, el Trabajo Autónomo y la Responsabilidad Social de las Empresas. Díaz ha señalado, tras la reunión con el sector, celebrada en sede ministerial, que “por primera vez nos damos la mano y nos ponemos a trabajar conjuntamente en la tarea común del rediseño de la economía productiva del siglo XXI en España”.

A lo largo de 2019 las diferentes fiscalías españolas incoaron un total de 1.571.860 procedimientos de diligencias previas, lo que constituye una cifra casi idéntica a la del año pasado, confirmándose así la tendencia a la estabilidad de este indicador.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado hoy que la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto “la necesidad de una mayor claridad normativa” respecto de la adopción por las Administraciones de medidas restrictivas de la libertad personal al amparo de la legislación sanitaria de excepción, que exige ulterior control judicial aun bajo el estado de alarma.

El informe incluye un ranking de las 500 empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) durante los últimos cuatro años.