Con motivo del segundo aniversario de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) reivindica la importante labor de los profesionales dedicados a la protección de datos, especialmente en aquellos asuntos relacionados con la lucha contra la pandemia Covid-19.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que es posible pasar de una jubilación parcial a una jubilación activa. El recurso de suplicación ante el TSJM fue presentado después de que un trabajador con jubilación parcial con suscripción de contrato relevo pasara a una jubilación activa y de que la Seguridad Social le pidiera 36.890,57 euros por «no cumplir con los requisitos para acceder a la jubilación activa».
El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles la convalidación del decreto ley que amplió hasta el 30 de junio las facilidades de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivados por la crisis del virus Covid-19 y que abre la puerta a prorrogar este plazo en caso de persistir las restricciones de actividad por la pandemia del coronavirus.
La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia acordó en su reunión del pasado viernes avanzar a la fase 2 de la desescalada en la Administración de Justicia, lo que implica que a partir del próximo martes y durante quince días acudirá a sus centros de trabajo, con carácter general, el 60-70 del personal. Se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad.
Reclamadatos (www.reclamadatos.es), la primera startup legaltech española que permite reclamar los derechos incluidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), acaba de desarrollar una herramienta online gratuita que permite a las personas identificar qué empresas tienen sus datos y exigirles que cesen de usarlos en un plazo de 30 días.
En dos recientes sentencias de 18 de mayo de 2020 y 19 de mayo de 2020, ambas idénticas en su redacción, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha analizado la normativa europea y española, así como la jurisprudencia emanada del tribunal de Luxemburgo en relación con el concepto de “actividad principal” y “actividad accesoria” a efectos del cálculo del porcentaje de la prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido y para garantizar la neutralidad de dicho tributo.
Destacamos los principales nombramientos que de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea se han realizado durante esta semana.
Las cantidades satisfechas en concepto de gastos de urbanización posteriores a la adquisición de la vivienda tienen la consideración de mejora y no se integran en la base de la deducción por inversión en vivienda habitual.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija la interpretación del artículo 15 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD) para determinar el concepto de ajuar doméstico y qué bienes deben ser incluidos en él para calcular dicho impuesto.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera prueba ilícita, sin valor jurídico alguno, el informe de una detective privada contratada por una empresa que forzó una entrevista profesional simulada con un trabajador para demostrar que durante su jornada laboral trabajaba por cuenta propia como abogado.
