Las dos primeras sentencias dictadas por sanciones impuestas durante el estado de alarma en Navarra a consecuencia de la pandemia derivada de la Covid-19 constatan que los jueces van a analizar caso por caso las “particulares circunstancias concurrentes”. Así, en uno de los supuestos se ha estimado el recurso de un ciudadano que fue multado por encontrarse paseando a su perro a más de un kilómetro de su domicilio, extremo que no fue acreditado, y, en el otro asunto, se ha mantenido la sanción a un hombre que daba un paseo sin causa justificada. Las dos resoluciones judiciales son firmes.

La Ley Concursal contenía, en su art. 178 bis, una contradicción sobre la exoneración de deudas públicas, pues preveía por una parte, un plan para asegurar el pago de aquellos créditos (contra la masa y privilegiados) en cinco años, aprobado por la autoridad judicial, y por otra se remitía a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos. EL nuevo texto refundido, en su art. 491, ha exceptuado expresamente los créditos de derecho público de dicha exoneración, en contra de lo establecido por una STS de 2019, que consideraba que de mantenerse el veto de la deuda pública al plan de pagos se frustraba la Segunda Oportunidad.

Los ciudadanos extranjeros que se vieron obligados a permanecer en España durante el periodo de confinamiento como consecuencia de la pandemia y que, por lo tanto, residieron en el país más de 183 días, deben tributar en España por el IRPF, dado que a efectos fiscales se consideran residentes.

Los nombramientos se corresponden con los puestos de responsabilidad siguientes a desempeñar o relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) proponen modificar la normativa reguladora del IRPF para incluir las cantidades que estarían exentas de tributación en relación a los equipos que las empresas ponen a disposición de sus teletrabajadores y a los gastos en los que estos incurren, después de que el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros del pasado martes el real decreto-ley del trabajo a distancia.