El VI Congreso se celebrará el 15 de septiembre en el espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid, ya está abierto el plazo de inscripción.
El 2 de septiembre recibíamos la peor de las noticias cuando conocíamos que nuestro querido compañero Juan Valiente había fallecido de forma inesperada.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha abordado con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, la necesidad de tomar medidas que permitan agilizar e impulsar la Justicia ante la situación de crisis actual.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (Fdv) han recibido positivamente, en espera de conocer los detalles, la reforma anunciada ayer por el Ministerio de Justicia que permitirá atribuir a los tribunales superiores de justicia (TSJ) la competencia de determinadas resoluciones judiciales como las referidas a medidas limitativas de derechos fundamentales ante rebrotes por covid-19.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, han analizado la situación de la Justicia tras la pandemia y han incidido en la necesidad de dar participación a los ayuntamientos en el modelo de cogobernanza que viene desarrollándose en la acción de Gobierno de este Ejecutivo.
El directivo, que hasta ahora lideraba el negocio de Retail dentro de la división de Grandes Empresas de Microsoft, se incorpora al Comité de Dirección de la subsidiaria española.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid ha ratificado las medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19, a solicitud de la Junta de Castilla y León, tanto en la literalidad de las mismas, como en el plazo de siete días que la Comunidad Autónoma aprobó el pasado 1 de septiembre.
Los datos de actividad en Lexnet reflejan que los abogados y procuradores han presentado más de 110.000 escritos iniciadores de procedimientos y más de 436.000 escritos de trámite.
CEOE considera que los datos de desempleo y afiliación de agosto no reflejan el deterioro de algunas actividades económicas y del empleo debido a la aplicación de mecanismos como los ERTE, y ha aprovechado para pedir que se intensifiquen las medidas de ayuda para garantizar la superviviencia de las empresas y del empleo, especialmente en sectores tan golpeados como el turismo.
El juzgado ha condenado al INSS a abonar la prestación con efectos retroactivos a noviembre de 2017, percibiendo la trabajadora una pensión máxima y unos atrasos de casi 30.000€.
