La Fiscalía considera que la vigencia del estado de alarma «no constituye justificación jurídica apta y suficiente» para prohibir manifestaciones, si bien considera que en el caso de una pandemia como la actual es necesario ponderar los derechos en juego en cada convocatoria y tener en cuenta la protección de la salud ante las «numerosas incertezas que genera» el coronavirus, también valorando la evolución sanitaria y las medidas de flexibilización pautadas en el plan de desescalada.

El Plan General de E-Administración contempla la implantación de una Plataforma nacional, única, innovadora e integradora de servicios públicos 4.0, financiada por la administración y abierta a las empresas y a la ciudadanía

La Memoria del Tribunal Constitucional (TC) relativa a 2019 evidencia un notable aumento de los recursos de inconstitucionalidad, que son los que pueden presentar el Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o senadores y los gobiernos o asambleas autonómicas contra disposiciones normativas con fuerza de ley. Durante el último ayo se promovieron un total de 27, de los cuales 9 fueron presentados por el presidente del Gobierno, frente a los 12 recursos de este tipo contabilizados en 2108.

El TS en relación a la necesaria observancia del pacto suscrito por las partes sobre el ejercicio de la opción, considera que el supuesto de la opción de compra se establece que la misma ha de entenderse ejercitada con estricta sujeción a los pactos establecidos por las partes, de modo que si se ha pactado el pago o consignación del precio para que se entienda realizada efectivamente la compraventa, así habrá de exigirse sin que en otro caso pueda interpretarse que se ha materializado el derecho de opción. Se formula voto particular.

El Consejo de Ministros ha acordado incluir en el acuerdo por el que se solicita autorización al Congreso de los Diputados de la prórroga del estado de alarma, el alza de la suspensión de los plazos procesales con efectos desde el 4 de junio.