El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado la forma en la que enfrentará el reinicio de su actividad ordinaria una vez concluya el estado de alarma, lo que incluye mantener agosto inhábil.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado un informe en el que analiza cuestiones relativas al uso de técnicas de reconocimiento facial para realizar pruebas de evaluación online ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Destacamos los principales nombramientos que de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea se han realizado durante esta semana.
La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por una mujer, víctima de malos tratos, contra la sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Valladolid, que le negó el derecho a percibir una pensión de viudedad tras el fallecimiento de su expareja ocho años después de dar de baja la unión no matrimonial en el Registro Municipal de parejas de hecho.
La aplicación del régimen de dietas en los supuestos de teletrabajo exige que el gasto de manutención se produzca como consecuencia del desplazamiento desde su residencia habitual por motivos de trabajo a otro municipio distinto de aquel en el que radica su centro de trabajo.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en respuesta a una consulta planteada por la Comisión de Seguimiento del TSJ de Madrid, ha señalado que la inscripción de adopciones está comprendida entre los servicios esenciales que deben prestar los Registros Civiles durante el periodo de vigencia del estado de alarma.
La Comisión Europea cree «factible» que el fondo europeo contra el paro de 100.000 millones de euros pueda ser accesible por los gobiernos a partir del 1 de junio, la fecha prevista originalmente, pero su puesta en marcha depende de que los Estados miembros hayan presentado para entonces los avales necesarios.
El Ministerio de Justicia ha informado este jueves a las asociaciones de jueces y fiscales que si el Congreso de los Diputados no convalida la próxima semana el real decreto de medidas urgentes aprobado el pasado 28 de abril por el Gobierno para evitar el colapso de juzgados y tribunales tras la pandemia por el coronavirus, tratará de que los objetivos contemplados se cumplan igualmente.
La Comisión ha publicado un plan de acción en el que se establecen las medidas concretas que adoptará en los próximos doce meses con el fin de mejorar el cumplimiento, la supervisión y la coordinación de las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El objetivo de este nuevo enfoque global es eliminar los eslabones débiles de las normas de la UE y suprimir todo vacío legal que pueda persistir en ellas.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social (MTES) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han firmado un convenio de colaboración con las asociaciones bancarias AEB, CECA y UNACC por el que las entidades de crédito podrán adelantar el pago de las prestaciones por desempleo a las personas afectadas por la actual crisis sanitaria.
