El Consejo de Ministros extraordinario reunido este domingo ha aprobado la paralización de las actividades no esenciales desde este lunes, 30 de marzo, y hasta al menos el próximo jueves 9 de abril, ambos inclusive, para frenar la propagación del Covid-19, a través de un permiso retribuido recuperable, por lo que los trabajadores no perderán su salario pero tendrán que recuperar horas tras el estado de alarma.

Las empresas no podrán despedir por causa de fuerza mayor ni por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción que se deriven de la crisis sanitaria a partir de este sábado, 28 de marzo, y mientras esté vigente el estado de alarma en España, incluidas sus posibles prórrogas, según consta en el Real Decreto-ley de medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos del Covid-19 publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Consejo de Ministros ha aprobado prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, según ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a suspender las pruebas que se venían realizando en el Tribunal Supremo durante las últimas semanas y en las que comparecen opositores aspirantes a juez o fiscal. El examen, que ahora se aplaza ‘sine die’ en función de la duración del Estado de Alarma por coronavirus, consistía en un segundo ejercicio oral (aún quedaría pendiente un tercero) para poder conseguir plaza en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos que abren la puerta al ejercicio de esas dos profesiones jurídicas.

Los tiques nominativos, numerados e intransferibles que una entidad entrega a sus trabajadores, en el marco de un plan de retribución flexible, para sufragar el coste de las academias de idiomas, si bien pueden encuadrarse dentro de las cantidades destinadas por la empresa para la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado, no se considerarán retribución en especie solo en el caso de que la formación venga exigida por la actividad o puesto de trabajo desarrollado en la empresa, teniendo en el resto de los casos la consideración de rendimiento del trabajo en especie sujeto al Impuesto.