BBrainers: Compartir “cerebros” como vía de innovación en el sector legal

La repercusión del encuentro jurídico del pasado fin de semana en la sierra de Madrid superó, con creces, las expectativas sobre el mismo, a todos los niveles.  Bbrainers fue trending topic a nivel nacional durante la jornada del sábado con un total de más de 200.000 personas alcanzadas en redes sociales.

La tributación del bitcoin y las criptomonedas en las personas físicas

Gómez Barrero

¿Debo pagar el IVA si anuncio mi piso en Airbnb?

En caso de que la plataforma de internet actúe en nombre y por cuenta del arrendador, se entiende que le presta un servicio de mediación, si lo hace en nombre y por cuenta propia, es ella la que presta el servicio de arrendamiento.

La responsabilidad del representante del administrador persona jurídica

Magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El Estado deberá indemnizar con 500.000€ a un preso que quedó inválido por un mal diagnóstico

El Tribunal Supremo entiende que el resultado se hubiera evitado o minorado con un diagnóstico distinto al que el preso recibió en el centro penitenciario.

Expertos se reúnen en Madrid para abordar temas de gran interés como la aplicación del Derecho de Daños

Los próximos días 8 y 9 de marzo de 2018, en el Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid (CSIC, Calle Serrano,  nº 117) se celebrarán las dos intensas jornadas de trabajo de la IV Edición de DAÑO, RESPONSABILIDAD Y SEGURO, Congreso Internacional sobre el Derecho de Daños.

La nueva instrucción penal creada con la práctica de las grabaciones audiovisuales

Fiscal Decano Sección de la Fiscalía de Huércal-Overa (Almerïa)

Blockchain y Smart Contracts, en el punto de mira legal

Lefebvre – El Derecho y ESADE han llevado a cabo una jornada para desmenuzar estas tecnologías y debatir qué capacidades debe adquirir la abogacía para actuar en casos de necesidad.

El Supremo revoca la pensión de viudedad a una mujer de etnia gitana por no estar inscrita como pareja de hecho

Los magistrados señalan que la pertenencia al colectivo gitano no exime de cumplir los requisitos generales de la Ley de la Seguridad Social. La sentencia incluye el voto particular de una magistrada.