La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condena a tres años de prisión a un abogado por estafar a clientes extranjeros rellenando solicitudes administrativas para obtener permisos de residencia o de trabajo con un contrato falso en empresas de su propiedad, que carecían de actividad.
El Tribunal considera que se trata de una Actuación de Urbanización, y por ello impuso la obligación de dicha reserva de suelo, y no de una Actuación de Dotación, como argumentan los recurrentes, que excluye esta posibilidad.
Durante la clausura del curso de verano «Pacto de Estado para la Justicia», Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, expresaba la necesidad de aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal desarrollando una nueva arquitectura judicial para modernizar la Justicia en España.
Según la entidad, para que la certificación aporte suficiente nivel de confianza es imprescindible que las empresas certificadoras sean organizaciones técnicamente competentes, independientes, fiables y percibidas como tal.
El ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha suscrito este jueves 20 de julio un protocolo con un total de 78 empresas que se adhieren así a un programa para desarrollar el curriculum ciego. Concretamente, el programa recibe la denominación de ‘Proyecto para el diseño, implantación y valoración de un proyecto de curriculum vitae anónimo para la selección de personal’.
La Sala Primera señala que no puede prevalecer la actuación de quien obstaculiza la verdad pudiendo facilitar la solución del problema.
Expertos juristas han analizado esta semana los principales retos a los que se enfrentan los abogados en materia de ciberseguridad y cuáles son las mejores prácticas para afrontarlos.
Gracias al acuerdo se pone en marcha un programa ‘Pro-Bono’ para la prestación de asesoramiento jurídico con carácter gratuito a la organización cuyo compromiso está centrado en los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas.
En la obra se incorporan las ponencias desarrolladas sobre las distintas acciones del Plan de combate contra la erosión de bases y el desvío de beneficios auspiciado por la OCDE.
La implantación de la Norma UNE 19601 no conllevará la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí puede constituir un elemento fundamental para acreditar que ésta actuó de forma diligente antes de la comisión del delito y que empleó las mejores prácticas.
