La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el pasado viernes una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por presunto delito de sedición por los hechos acontecidos los días 20 y 21 de septiembre en Cataluña.
El secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha enviado una carta al comisario europeo de TIC, Andrus Ansip, para «denunciar los abusos y la censura del Estado en materia de acceso a Internet» por el cierre de webs vinculadas al referéndum del 1-O, ha anunciado en las redes sociales.
El Consejo de Ministros ha acordado la tramitación urgente del anteproyecto de ley que modifica el texto de la Ley de Propiedad Intelectual para incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.
El ministro de Justicia ha resaltado la importancia de aumentar la cooperación de los Estados en la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo como una responsabilidad común europea, en el transcurso de su intervención en la 2ª Conferencia Internacional sobre Terrorismo y Delincuencia Organizada que se está celebrando en Málaga bajo la organización del Consejo de Europa.
El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados aprovecha la constitución de este órgano para reivindicar una vez más la dignificación de los abogados de Turno de Oficio.
Iberian Lawyer otorgó anoche en Barcelona sus premios bienales Forty under 40, que reconocen a los 40 abogados menores de 40 años más destacados de España y Portugal. La ceremonia congregó a más de doscientos profesionales del sector legal en España y Portugal, y estuvo precedida por un Legal Summit, donde intervinieron los socios directores de los bufetes más importantes de la Península Ibérica.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la AP de Burgos que acordó estimar el recurso de apelación interpuesto por el demandante -particular comprador de una vivienda- y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia estimatoria parcial de la demanda.
La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado señala que el oficial de cumplimiento no tiene una responsabilidad criminal mayor que cualquier otro cargo directivo. Sin embargo, las capacidades de organización y control de este grupo no son en absoluto homogéneas, lo que impide ecualizar su responsabilidad.
El Consejo General del Poder Judicial emite una declaración institucional en apoyo a los miembros de la Carrera Judicial y en defensa del Estado de Derecho
